Aunque nos gusten los arcaísmos, el lenguaje medievalizante y
recordar que los comunes fueron la forma más acabada de vínculo
comunitario de la que queda registro, éste no es un texto nostálgico.
No queremos un retorno a un pasado edénico, ni a una nueva Arcadia
rural, sino encontrar, de nuevo, instituciones sociales en las que se
unan solidaridad social, empoderamiento político, eficiencia económica y
uso sostenible de los recursos; instituciones que nos sirvan para
defendernos políticamente frente a la actual rapiña financiera que está
en el centro del mecanismo de reproducción del capitalismo
contemporáneo. Se trata, en definitiva, de aprender del pasado, no de
volver a él.
Breve historia de los comunales y la propiedad pública
Recuperemos el hilo de la historia: los comunes eran
fundamentalmente una estrategia para garantizar la reproducción social
de forma independiente del poder arbitrario de los señores feudales —al
igual que hoy ocurre con numerosas comunidades rurales. Sean cuales
fueran las demandas y las exacciones de los señores, las reservas de
tierra comunal, suponían una garantía de supervivencia para aquellos
menos favorecidos por el régimen de propiedad, así como una base de
protección para los campesinos mejor situados. De esta manera, se
forjaron varias capas de protección social. Por un lado, se impedía que
la depredación feudal se produjese a costa de la comunidad como tal y,
por otro, se garantizaba la explotación sostenible de los recursos
naturales. En este arreglo, solidaridad social y sostenibilidad se
complementaban perfectamente: en la medida en que los bienes y
servicios naturales se situaban, de hecho y de derecho, en la base
material de la reproducción comunitaria su destrucción era la
destrucción de la propia comunidad.
Se ha señalado en innumerables ocasiones que la pérdida de estos
bienes comunes fue indispensable para fabricar un estrato proletario
desposeído y dependiente que finalmente fue conducido hacia la
producción fabril capitalista en buena medida gracias al «miedo al
hambre» como principal motor de sus motivaciones. También se ha señalado
que, a la larga, esta desposesión generó una fuerte polarización
social que cargó una enorme tensión sobre la reproducción social, y,
por extensión, sobre la reproducción de la fuerza de trabajo. Por su
parte, los movimientos obreros nacieron como contrapeso a esta enorme
fuerza de desposesión. Su historia se reconoce en una suerte de
recomposición comunitaria —bajo la forma de la llamada clase obrera—,
que utilizó en su desafío total al capitalismo una mezcla de
instrumentos analíticos nuevos dirigidos a comprender el modo de
producción, con formas tradicionales de generación de vínculos sociales
en buena parte heredadas de la memoria de las comunidades previas, que
se sostenían como colectividades coherentes gracias al régimen de los
comunes.
En este marco, y a lo largo de los siglos XIX y XX, la respuesta a
las sucesivas oleadas de la lucha de clases vino de la mano la
propiedad pública, una versión estatalizada del concepto de
propiedad social
—«la propiedad de los no propietarios»—, y en cierta medida un
sustituto de los antiguos comunales. En este régimen de propiedad, el
Estado asumía la responsabilidad sobre la reproducción social. Su
función consistía efectivamente en la producción de bienes públicos, un
tipo de producción simplemente imposible bajo un régimen de propiedad
privada mercantil.
De esta manera, el Estado logró interiorizar buena parte de la
dinámica histórica de la lucha de clases; e incluso, después la Segunda
Guerra Mundial con la universalización del modelo keynesiano-fordista,
de la dimensión conflictiva de la reproducción social. Apaciguada ésta
por la progresiva expansión de la propiedad pública, se fue dando paso a
una forma de ingeniería social en la que, bajo la figura del impulso a
la demanda efectiva y mediante el crecimiento de los salarios directos
e indirectos, capital y trabajo encontraron una frágil esfera común de
intereses. Desde este lugar, se dio el mayor impulso conocido hasta la
fecha de las instituciones del Estado de Bienestar. Educación, salud,
vivienda fueron en gran medida desmercantilizadas, redenominadas con el
adjetivo «públicas», y elevadas a conquistas civilizatorias de un
nuevo modelo de reproducción social.
Como es conocido, el reverso de este pacto fue una progresiva
incorporación de la reproducción social a la maquinaria del Estado que
puso a las nuevas instituciones del Estado de Bienestar bajo el control
de una casta de «expertos» que efectuaban las tareas de gestión del
nuevo patrimonio público. Este movimiento de burocratización, terminó
siendo decisivo cuando, a partir de la crisis de 1973, la caída de la
rentabilidad capitalista provocó la ruptura del pacto entre capital y
trabajo, que ya se encontraba tocado por la nueva ofensiva social y
obrera de los 68′. Pero el desarrollo político de la crisis de los
setenta también se llevó por delante los arreglos institucionales de las
élites capitalistas ligadas a la producción, dando paso al dominio
hegemónico del capitalista en dinero (rentista) y de las finanzas
globalizadas. El resultado de esta doble ruptura fue que las políticas
keynesianas para impulsar la demanda, el marco técnico desde el que se
había incorporado la reproducción social a la gestión tecnocrática,
terminó por perder cualquier significado político y económico desde el
punto de vista del capital.
Según un guión bien conocido, la nueva ideología de la
contrarrevolución neoliberal, que sirvió de principal instrumento de
reorganización de la clase capitalista, ha considerado, y considera, que
la vivienda, la salud, la educación ya no son salvaguardas de la
reproducción de la fuerza de trabajo, antes útil al fin y al cabo al
propio curso de la acumulación capitalista, sino limosnas más o menos
generosas que se otorgan a una mayoría social que se ha vuelto
dependiente del Estado y que ha olvidado los valores de sacrificio y
trabajo individual. Esta liquidación de las políticas del bienestar, en
ausencia de las formas de lucha que habían colaborado a su creación, ha
puesto a las instituciones de propiedad pública, en la picota de una
versión monetaria estrecha y en gran medida ideológica de la eficiencia:
pasando a ser concebidas como simples costes en el balance de las
cuentas del Estado.
El paso siguiente ha sido desprenderse de unos «servicios», ya no
derechos, que ahora se consideran simples cargas para el capital. El
método no ha sido otro que la mercantilización y la privatización de
algunos espacios esenciales para la vida social. La misma casta de
«expertos» que se había hecho cargo de la gestión de la
propiedad pública
adquirió entonces el encargo de ejecutar su liquidación. Este
movimiento se está produciendo «curiosamente» en un momento en el que el
capitalismo histórico empieza a encontrar grandes dificultades para
seguir manteniendo las tasas de beneficio que caracterizaron al
capitalismo industrial de la edad de oro de la postguerra mundial. Los
ciclos industriales ya no producen lo suficiente para mantener la
máquina del beneficio capitalista a flote y las antiguas conquistas
sociales aparecen como los «nuevos comunes» sobre los que lanzar una
ofensiva en busca del beneficio perdido.
Las finanzas, con su capacidad sancionada institucionalmente para
producir dinero, se han convertido en la punta de lanza de este proceso.
Así, lo que antes eran garantías públicas pasan a ser «activos»
financieros, con un valor negociable en los mercados globales de
capitales, donde, por decirlo suavemente, la reproducción social importa
bien poco. Para tener un buen ejemplo de este proceso no tenemos más
que fijarnos en cómo una garantía social pública como las pensiones de
jubilación se han convertido, a través de los planes privados, en
gasolina para las grandes operaciones financieras. O de cómo ese otro
antiguo derecho a la vivienda se ha convertido en una masa de deuda
hipotecaria que transfiere permanentemente recursos de las familias a
las finanzas.
Pero ese proceso al que llamamos
financiarización, no sólo
convierte paulatinamente los antiguos servicios sociales y derechos de
ciudadanía en activos cotizados en los mercados financieros e
inmobiliarios, también colonizan nuevos espacios mercantiles. Los
activos naturales (aire, agua, suelo, energía) sufren con especial
gravedad el embate de una nueva colonización financiera que los pone (al
igual que a sus usufructuarios tradicionales) a los pies de un modelo
de acumulación intensivo en materiales y vertidos. Por otro lado,
relaciones sociales tradicionalmente ajenas al mercado, como puedan ser
los cuidados, también aparecen como nichos de negocio que se presentan
como soluciones a la disolución de las relaciones sociales que ha
provocado la propia mercantilización y financiarización de la vida
cotidiana.
El resultado de todos estos procesos involutivos de colonización de
los distintos flancos del núcleo de la vida social es el poderoso estrés
que hoy caracteriza a la esfera de la reproducción. Podemos
identificar esta tensión como una forma de precariedad generalizada que
se traduce en tener que
vivir al día y que nos lleva de vuelta a ese
presente contínuo que ha caracterizado históricamente la experiencia del tiempo para el proletario desposeído.
La estrategia de los comunes
La estrategia de los comunes
Frente a la pérdida del sustento material que actualmente sufrimos,
debido a la depreación del capitalismo financiero, las instituciones del
común funcionan con una lógica completamente distinta, asegurando el
sustento material para unas relaciones sociales no dependientes. La
diferencia de esta construcción de instituciones es de orden social: las
relaciones comunitarias. O dicho de otro modo, la recuperación de las
esferas de la reproducción social que garantizan la vida en común no
puede hacerse desde una relación mediada institucionalmente, sino que
ésta debe colocarse en el punto en el que se anuda la materialidad de
las relaciones comunitarias. Valor de uso, sostenibilidad y gestión
colectiva y transparente son algunas de sus encarnaciones. Por eso es
necesario entender que lo común no se deja reducir a los estatutos de
propiedad existentes, ni la propiedad privada ni la propiedad pública
están hoy en condiciones de realizar este proyecto de recuperación de
los mecanismos sociales de reproducción, ni por extensión de recuperar o
articular forma alguna de sociabilidad no sumisa al mercado. Quizá el
sentido de la pregunta pertinente vaya en una dirección completamente
opuesta ¿Cómo se podría redefinir la propiedad pública y la propiedad
privada una vez que los mecanismos materiales y políticos que garantizan
la existencia hayan sido recuperados?
Habrá quien señale que en la perspectiva que desarrollamos en este
texto se soslayan algunos aspectos centrales del régimen actual de
dominio y explotación capitalista. A primera vista, tanto la
problemática de la propiedad de los medios de producción y el gobierno
del trabajo, lo que podríamos llamar la problemática comunista
tradicional, o incluso la cuestión general del gobierno democrático del
cuerpo social, la representación política, quedan fuera del alcance de
la estrategia de los comunes. Quizá sea necesario entender pues, cuál
es el alcance concreto de la estrategia de los comunes. Se trata, como
venimos diciendo, de señalar una serie de campos necesarios para la
reproducción de la vida social y de recuperarlos, blindándolos ante las
distintas formas de sumisión al mercado, que no es sino la mejor forma
de garantizar su desaparición. Cuando se tiene en cuenta la fusión
práctica entre los ámbitos de la producción y de la reproducción, es
difícil pensar que la conquista de espacios libres para la reproducción
social pueda no tener influencia sobre la producción. De hecho, los
antiguos
commoners (comuneros) medievales lograron, gracias al
control de estos mecanismos, una autonomía casi completa sobre el
proceso de trabajo que les permitía simplemente no tener que vender su
fuerza de trabajo y mantener controlada su actividad económica dentro de
los límites de instituciones formadas por fuertes redes de pertenencia
como la familia o la aldea.
Las instituciones del común implican, pues, un cambio en el enfoque
habitual de las luchas sociales, que aunque repercute sobre algunos
procesos de gobierno del trabajo, aligerando notablemente la carga del
dominio capitalista, necesita como complemento de otras formas de
gestión que se dirijan hacia el centro clásico de los mecanismos de
explotación capitalista. La extensión de la propiedad común sobre la
reproducción social apunta a una desmonetarización y desmercantilización
de la vida. En cierta forma se trataría de una desproletarización de
masas que se opone a la lógica de la violencia de la desposesión, sin
que ello vaya en contra de nuevos derechos propiamente monetarios de
acceso a la renta, como la Renta Básica. En cualquier caso, la extensión
de los comunes supone tanto una apuesta por la autonomía de la
reproducción social como por el reforzamiento del vínculo comunitario y
se opone, por principio, a las versiones de la Renta Básica más
cercanas al liberalismo, es decir, aquéllas que no problematizan la
mercantilización de la vida social.
Una argumentación parecida puede realizarse sobre las posibilidades
de una nueva política democrática. La liberación de los comunes instaura
una política democrática directa sobre aquellos aspectos que forman
parte de la reproducción social. Aún cuando este proceso supone una
redefinición total del sistema político, no aborda directamente lo que
en términos tradicionales podríamos llamar el
problema de la representación,
al menos en las escalas y niveles más altos de gobierno, aquéllos en
los que no caben todos los concernidos en una habitación (grande). Por
lo tanto, puede coexistir con otras propuestas para la democratización
del cuerpo social y la generación de nuevas instituciones de gobierno.
Pero, a pesar de la persistencia de estos problemas clásicos, hoy, en
un momento en el que el desarrollo histórico de la crisis refuerza la
hegemonía política de la
financiarización, nos enfrentamos al
hecho de que la extracción de plusvalía ya no se produce por los
mecanismos clásicos de la producción capitalista, sino por métodos
financieros como los mercados de crédito que canalizan hacia el capital
financiero cantidades crecientes del producto social. No sin
similitudes con las exacciones feudales arbitrarias, la
financiarización
produce beneficios captando progresivamente una mayor parte del
producto social, centralizándolo, y redistribuyéndolo conforme a
criterios que responden únicamente a sus estrategias de poder. El resto
del cuerpo social, las grandes mayorías sociales y las instituciones
públicas, quedan sometidas a un régimen de escasez de recursos que
determina las relaciones sociales. Controles del gasto público,
privatizaciones, estancamiento salarial, degradación de las condiciones
laborales, desempleo, no hace falta buscar mucho para encontrar las
manifestaciones más visibles de este régimen de restricción
generalizada. En realidad, a partir de este punto se abre un régimen
disciplinario en el que volvemos a encontrarnos con el clásico motor
ideológico de la sumisión al trabajo capitalista, «el miedo al hambre»,
ahora ampliado y transformado en miedo al desclasamiento, a la
movilidad social descendente, al
otro generalizado o a
cualquier otra amenaza percibida sobre la capacidad de competir por las
migajas que deja la rapiña financiera. Los síntomas superficiales de
este tipo de miedo son bien conocidos: desmovilización, microfascismo,
atomización, consumismo agónico, guerra entre pobres, psicologización
del malestar, etc. Pero este régimen disciplinario descansa sobre una
condición que debemos negar categóricamente: la escasez. No hay ninguna
escasez real y, por lo tanto, no hay motivos para aceptar los
chantajes políticos que dependen de ella para entonar su “no hay
alternativa”.
La extraordinaria fuerza de la captación y la centralización de recursos que provoca la
financiarización
y su redistribución selectiva hacia los estratos más altos de la
pirámide de ingresos, ese 10 % (o menos, dependiendo del contexto) de la
población que se reparte la gran mayoría del producto social, impiden
ver la riqueza social existente. Por un lado, la riqueza de lo
materialmente existente, la cantidad de bienes y capital que existen a
día de hoy, y que una vez repartida podría cubrir durante mucho tiempo
las necesidades de, literalmente, todo el mundo. Pero también la riqueza
del conocimiento, de la cooperación social liberada, de las relaciones
sociales autónomas, de todas esas dimensiones inmateriales de las
fuerzas productivas que están sometidas a un régimen de escasez
artificial por un sistema de extorsión social que vive de la captación
de externalidades sociales, las restricciones de acceso y de distintas
formas de
pago de peaje. Propiedad intelectual, privatización
de la enseñanza, limitación de las potencialidades del conocimiento y la
investigación por culpa de su redirección hacia los intereses
inmediatos de la producción capitalista son algunas de las
manifestaciones más visibles de esta forma de negación del sentido
colectivo de este tipo de producción social.
De otro lado, el reconocimiento de esta enorme riqueza social y su
conversión en valores de uso equitativamente distribuidos deben liberar
la presión sobre aquellos recursos a los que, por oposición a los
recursos
socialmente escasos, podemos llamar
físicamente
escasos. Nos referimos al stock de capital natural que en estos
momentos sigue siendo depredado hasta el punto de acercarnos cada vez
más rápido a una crisis ecológica mundial, eso sí, bajo el
tranquilizador mantra ideológico del capitalismo verde. Más allá del
milenarismo bienintencionado de algunas posiciones que auguran el
colapso de la civilización capitalista por escasez de recursos,
sostenemos que, éste es también un problema inseparable de la
redistribución financiarizada, de las formas de propiedad y del poder de
mando capitalista. Mientras estos últimos queden inalterados, la
conciencia de la escasez de recursos simplemente generará modelos cada
vez más duros de dominio sobre el capital natural. Todos estos procesos
de divergencia entre las capacidades sociales y las necesidades
físicas, por un lado, y los regímenes de poder y propiedad existentes,
por otro, apuntan a la pertinencia histórica de un nuevo régimen de
gestión de recursos que libere la enorme abundancia existente y modere
drásticamente las presiones sobre los ecosistemas naturales, un régimen
comunal.
Curiosamente, toda la evidencia existente parece querer contradecir
la «tragedia de los comunes» que predecía que la propiedad común
necesariamente suponía el agotamiento de los recursos naturales. Al
contrario, cuanto más se extiende la propiedad capitalista de la tierra
más se sobreexplota el capital natural, más residuos se vierten a la
atmósfera y más se deterioran las relaciones físicas que constituyen los
ecosistemas. Frente a este horizonte, los pocos reductos en los que la
gestión comunal de los recursos sigue dependiendo de comunidades
políticamente activas, aparecen como islotes de gestión eficiente,
satisfacción de necesidades y sostenibilidad. Y esto a pesar de que
justamente sea la bandera de la eficiencia la que enarbolan los
discursos neoliberales y sus variantes tecnocráticas. Este proceso
supone la constatación de que los ámbitos de reproducción social
gestionados por la vía del mercado, e incluso a través de la propiedad
pública tradicional, pueden ser mucho menos menos eficientes que la
gestión comunal democrática. Y sin duda, la privatización que defienden
las distintas variantes del discurso neoliberal redunda en mayor
desigualdad al acceso y en una mayor destrucción del recurso. En
resumen, lejos de volver al pasado, la apuesta por los comunes supone la
entrada en un periodo histórico verdaderamente diferente al nihilismo
de la rapiña y la desposesión del que se alimenta el actual capitalismo
financiarizado. De hecho, para captar la importancia histórica del
tipo de cambio fundamental que se propone en este texto es necesario
tener en cuenta que el capitalismo actual simplemente no puede
llevarnos hasta ese punto, ni hacia ningún otro que implique un
progreso social medianamente significativo.
Un último apunte debe hacerse respecto a las cuestiones de escala. En
este texto, ficción recreada sobre fueros y cartas puebla medievales,
nos centramos en la visión de lo que sería un régimen de comunes para
la región metropolitana de Madrid. En ciertos aspectos, esta elección
nos facilita enormemente la argumentación sobre su pertinencia
histórica. Por ejemplo, la gran masa física de capital instalado en el
territorio madrileño en forma de infraestructuras y viviendas hacen que
sea innecesario plantearse el problema de una mayor acumulación de
este tipo de capital y, sin embargo, sea indispensable un modelo de
gestión socializada que desvincule este capital del dominio de la
oligarquía financiero-inmobiliaria de la región madrileña. En otros
aspectos, sin embargo, esta escala es insuficiente. Madrid hace tiempo
que dejó de ser una unidad social autocontenida, sí es que alguna vez
lo fue, y un programa de liberación de la reproducción social y de
gobierno de los comunes debe tener en cuenta las interconexiones
globales que hoy constituyen la metrópoli madrileña. Aunque aquí, como
no podría ser de otra manera, se dan respuestas a problemas globales,
adaptadas al contexto de la metrópoli madrileña —hay pocos problemas
propiamente madrileños— para que todo el programa de apertura de nuevos
comunes tenga sentido, éste tiene que estar acompañado por movimientos
similares en las distintas escalas geoeconómicas. Desde la extensión
universal de los comunes, a escala local, hasta el diseño de mecanismos
para gestionar los
global commons como la atmósfera, los
océanos, o el total de la biosfera, pasando por la solución de los
problemas de deuda ecológica o déficit de materiales, el espectro de
los
comunes tiende a la universalidad.
-Dicho de otro modo, el programa de extensión de los comunes
será global o no será-
