Capítulo Primero: De los comunes y su gestión

Art. 1. Salvo especiales circunstancias discutidas por la comunidad, nada de lo que ha sido creado, pagado o sostenido con esfuerzo común puede ser convertido en otra propiedad que no sea común, sin que en ello importe lo que la legalidad o los registros de propiedad hayan establecido previamente.
Art. 2. Todo aquello que el común considere como bien o servicio común será considerado tal. El común no tiene más límite que lo que se decida comunmente, sin menoscabo de otros derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión, manifestación o a la tenedura de una razonable propiedad privada.

Art. 3. Todo servicio o bien común será regulado de acuerdo a los siguientes cuatro principios:
a) Universalidad, el acceso a estos bienes y servicios comunes deberá ser universal y abierto a todos los residentes de la ciudad, sin mayor contrapartida que la buena disposición y trabajo de la comunidad para su sostenimiento y mejora. Estas aportaciones serán, en parte, reguladas por vías fiscales sobre el principio de «quien más tenga más aporta» y, en parte, mantenidas por los trabajos colectivos que sean necesarios.
b) Sostenibilidad, las únicas restricciones de usos y aprovechamientos deberán estar fijados en razón al mantenimiento intacto, cuando no mejorado, de las condiciones materiales de reproducción de los bienes comunales.
c) Democracia, los criterios de gestión y uso deben ser transparentes y democráticos. A ese efecto todos los recursos serán administrados por una Junta Comunal, a la que tendrán derecho y obligación de asistencia todos los miembros concernidos por el recurso. Las juntas comunales serán de un tamaño lo suficientemente pequeño como para que todas las personas congregadas se puedan escuchar en una misma sala y lo suficientemente grande como para que el recurso sea viable, siendo el tamaño de cada recurso determinado por las necesidades de cada asamblea. Cuando las condiciones no lo hagan necesario, la administración se realizará según las normas de uso común o por reglas fijadas por una asamblea fundacional, siendo su administración cotidiana realizada por personas duchas y capaces en los menesteres técnicos requeridos. Sea aquí establecido este principio fundamental de los comunes: que estas personas, por mucho que sea su saber, no tendrán capacidad para modificar las normas fundamentales, siendo todo conflicto importante o toda modificación esencial resultado de las deliberaciones de la asamblea competente. A fin de confirmar el mandato democrático se dispone la revocabilidad de las personas que presten servicio en puestos técnicos o expertos. Así mismo se establece como principio y derecho, la transparencia en el acceso libre y directo a la información producida en el ámbito de gestión o decisión sobre los citados comunes.
d) Inalienabilidad, la gestión privada, estatal o comunitaria no puede en ningún caso confundirse con la propiedad de los bienes y servicios de propiedad común, que no podrán ser enajenados a manos de terceros.